La declaración de emergencia climática estaba en la agenda de Pedro Sánchez desde el pasado septiembre. Lo impulsó “con la máxima urgencia” Unidas Podemos en una moción parlamentaria sin fuerza jurídica —las llamadas proposición no de ley— que salió adelante en la legislatura fallida que acabó con la repetición electoral el pasado 10 de noviembre. En el debate, la entonces ministra para la Transición Ecológica y hoy vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, anunció que lo haría en la primera reunión del próximo Gobierno. Finalmente, será en la tercera cita, según adelantó la Cadena SER.
La sueldo de los empleados públicos tambien estaba comprometida. Una de las últimas decisiones del Gobierno en funciones que, como la actualización de las pensiones, tuvo esperar a que la investidura saliera adelante. Y, como les informó a los sindicatos el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, lo haría “a la menor brevedad posible”, según una carta remitida al presidente del sindicato de funcionarios, CSI-F, Miguel Borra.
La primera iniciativa, esa declaración de emergencia climática, tiene mucho de declaración de intenciones política, ya que en España no existe dicha figura jurídica. No obstante, el Gobierno no será la primera institución nacional o internacional que lo haga: el Ayuntamiento de Barcelona lo puso en marcha este enero, el pleno del Ayuntamiento de Madrid lo aprobó en septiembre (con votos en contra Vox) y en noviembre lo hizo el Parlamento Europeo.
En esa declaración se debería fijar el camino que debe seguir España hacia la descarbonización y la reducción de emisiones. En el pacto de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, se habla de fijar “objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero” con unas metas: que en 2040 entre el 85% y el 95% de la energía que se consuma sea renovable y en 2050 el 100%. España se ha comprometido ante organismos internacionales a ser un país sin emisiones justo a mitad de siglo.
La otra medida que el Gobierno prevé sacar adelante tiene un reflejo más rápido: el aumento del sueldo de los funcionarios del 2%. Este incremento forma parte del último aumento anual fijo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos de trabajadores públicos a comienzos de 2018. Con esta decisión, Pedro Sánchez cumple con el compromiso que adquirió antes de acabar el año de dar luz verde a la actualización de las pensiones y las remuneraciones de los funcionarios cuando dejara de estar en funciones, confirman fuentes del Ejecutivo.
“A la mayor brevedad posible”. Con esta expresión, el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, reiteraba por carta a los sindicatos el pasado viernes que entre los planes del Gobierno estaba subir el sueldo de los funcionarios rápido. No daba el detalle del cuándo. Pero esa incógnita ya está despejada: será este martes. En la misiva, también confirmaba otro compromiso: el incremento tendría “efectos retroactivos”, es decir, aunque se apruebe este 21 de enero será como si estuviera en vigor desde el pasado 1 de enero.
Tras pérdidas de poder adquisitivo que llegaron a superar el 20%, hace casi dos años el entonces responsable de Función Pública, Cristóbal Montoro, firmó un acuerdo con los representantes de los funcionarios para que estos recuperaran poder adquisitivo entre 2018 y 2020. Según el texto, el incremento durante este periodo podía llegar hasta el 8,5%.
No obstante, viendo las previsiones económicas no parece que vaya a alcanzarse esa mejora. El pacto fijaba incrementos fijos del 1,75% en 2018, del 2,25% en 2019 y del 2% en 2020. A este último porcentaje podría añadir una subida adicional si la economía llegara a crecer por encima del 2%. Pero este mismo lunes, el FMI ha pronosticado un crecimiento del 1,6% para España este año. No obstante, la subida al final del año nunca podría ser menor del 2,3%
Fuente:https://elpais.com/economia/2020/01/20/actualidad/1579548899_354297.html
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