No es asunto de justicia el incumplimiento de las metas acordadas por el Gobierno alemán para combatir el cambio climático. Fue desestimada este jueves por el Tribunal Administrativo de Berlín una demanda por la violación de derechos fundamentales presentada por tres agricultores germanos y la organización ecologista Greenpeace contra el Gobierno federal, que se comprometió en 2014 a reducir hasta 2020 las emisiones de CO2 en un 40% y solo superará ajustadamente el 30%. «Debemos respetar el espacio de maniobra del ejecutivo», dijo Hans Ulrich Marticke, presidente del tribunal, que, sin embargo, dejó abierta la vía del recurso a instancias superiores.
El Estado debe proteger la propiedad de sus ciudadanos, señalaba la demanda, en la que se subrayaba que el cambio climático amenaza la existencia de los agricultores, por las precipitaciones y sequías extremas y, de manera latente, por el creciente nivel del mar. Y destaca que el Gobierno federal es responsable por omisión de no aplicar mecanismos eficientes para proteger el clima.
La denuncia para los abogados del Gobierno, no podía ser tramitada por atentar contra los principios del reparto de poderes y de la democracia. Destacaron también que una sentencia administrativa supondría una «grave injerencia en la formación de la voluntad política del Gobierno». Los demandantes argumentaron que los acuerdos de un gobierno no son simple expresión de voluntades políticas, sino actos de derecho vinculantes.
Para los jueces, sin embargo, la aprobación por Berlín hace cinco años del programa de áticacción clima no fue más que una declaración de intenciones y no una normativa establecida por derecho. Si el tribunal hubiese dado la razón a los demandantes, el Gobierno alemán se habría visto obligado a tomar medidas suplementarias para cumplir sus compromisos.
