No obstante, el Ministerio ha advertido de que la modificación del decreto que conlleva esta decisión no podrá hacerse efectiva mientras continúe habiendo un Gobierno en funciones, y sólo se compromete a aplicar esta exención a las instalaciones existentes y no a las nuevas, como pedía el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega.
Así lo ha anunciado el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Adrián Mendoza, tras la reunión mantenida ayer en Madrid con representantes del Ministerio, incluido el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y la directora de Energía y Minas, María Teresa Baquedano, y en la que también estuvo presente el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento.
Según explica Adrián Mendoza, el Ministerio acordó iniciar ya los trámites para que estas instalaciones queden excluidas de los nuevos parámetros que se quieren aplicar para el autoconsumo de energía eólica, cuya aplicación obligaría a los promotores a contratar, a partir de abril, la misma potencia por la red que la que tienen instalada en los molinos eólicos.
El problema, añadió, es que esta exclusión sólo se aplica a las instalaciones ya existentes y no a las nuevas, lo que supone "un gran obstáculo para el desarrollo de un sector crucial para Canarias, como es el la producción de agua con energías renovables".
En este sentido, recordó que el consumo de energía vertida a la red que se destina a la desalación está entre el 5 y el 10% dependiendo del sistema energético insular del que se trate, y en torno al 20% si se considera todo el ciclo integral del agua. Además, precisó que en casos como la isla de Lanzarote y Fuerteventura el consumo de agua desalada es del 100%, mientras que en Tenerife y en Gran Canaria representa el 60%, siendo los costes energéticos actuales en torno al 340% de los costes de producción.
En cuanto a la aplicación del decreto, que el próximo domingo tendría que entrar en vigor, Adrián Mendoza indicó que por el momento esto no va a ocurrir, ya que quedan pendientes de desarrollar algunos de los reglamentos correspondientes, según le informaron. En una carta remitida al Ministerio, el consejero Pedro Ortega pedía de manera urgente una modificación del decreto 900/2015 en su artículo 5 donde se exceptúe al ciclo integral del agua (desalación, transporte, distribución, depuración y regeneración) de la limitación de la potencia instalada a la potencia contratada, permitiendo el doble de la potencia de la instalación receptora, tal y como hasta ahora se recogía en la legislación de la Comunidad Autónoma.
En esa carta, el consejero recordó que la limitación de la potencia de autoconsumo supone, en el plano económico, un incremento inmediato del coste del agua desalada por sobrecostes energéticos.
