Una gran brecha separa el recorte de CO2 necesario y las promesas políticas puestas sobre la mesa.
El pacto de EE.UU y China condiciona y a la vez catapulta la negociación que se reabre en Lima. La UE ha alcanzado las metas de Kioto siete años antes de que expire el plazo de cumplimiento.
Representantes de más de 195 países participan del 1 al 12 de diciembre en Lima (Perú) una conferencia de la ONU decisiva para encauzar la negociación del nuevo tratado internacional contra el cambio climático. El objetivo último es alcanzar un nuevo pacto contra el calentamiento, que se firmaría el año próximo en París. Éste sustituiría al protocolo de Kioto, en el que sólo están involucradas una treintena de naciones industrializadas (y cuya vigencia expira en el 2020). La clave es implicar a EE.UU., China y las naciones emergentes pues el protocolo actual sólo cubre a naciones que aportan el 14% de las emisiones de CO2 (básicamente la UE).
La vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20) que tiene lugar en Lima nace condicionada, pero a la vez catapultada, por el reciente acuerdo entre EE.UU. y China, con el que se ha vuelto a situar este asunto entre las grandes preocupaciones internacionales.
La negociación debe concretar un poco más los esfuerzos nacionales para reducir las emisiones de gases invernadero y hacerlos compatibles con el objeto ya alcanzado para que la temperatura media del planeta no aumente dos grados respecto a las de la época preindustrial: si se supera ese listón, se agravaría de forma catastrófica los estragos del calentamiento (olas de calor, deshielos en glaciares, subidas del nivel del mar, inundaciones en zonas costeras), según el quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio Climático de la ONU (IPCC, en sus siglas en inglés).
En el actual tablero de las negociaciones va tomando cuerpo la idea que, en el futuro acuerdo, las contribuciones de cada país a la lucha contra el calentamiento serán asimétricas. Cada nación esbozará o comunicará sus promesas: sobre reducciones de gas u otro tipo de contribuciones, diseñadas en función de sus capacidades e intereses. “Debe ser un tratado flexible para que todos los países se sientan cómodos”, como en un traje a medida, dice Susana Magro, directora de la oficina Española de Cambio Climático. Sin embargo, los expertos independientes desearían que se asignen las cargas y esfuerzos de forma equitativa y proporcional en cada país en función de su responsabilidad particular en el calentamiento.
Promesas clave
EE.UU. ha anunciado que su meta es reducir sus emisiones entre un 26% y un 28% para el año 2025 con relación al 2005. China, por su parte, promete que las emisiones de gases alcanzarán su pico hacia el año 2030, de manera que descenderían a partir de ese momento, lo que alargará su período centrado en el desarrollo con energías fósiles. No obstante, completa su promesa con el anuncio de que para esa fecha el 20% de la energía no estará basada en combustibles fósiles. La UE ha prometido una reducción de emisiones el 40% para el 2030 respecto a 1990, mientras que el anterior objetivo de Kioto para el 2020 ya lo ha cumplido prácticamente: ¡siete años antes que acabe el plazo!, lo que alimenta la crítica de quienes creen que la UE podría hacer mucho más.
La brecha pendiente de saldar
Limitar el aumento de temperaturas a un máximo de dos grados (para sortear los peores impactos del calentamiento), exige que el hombre no emita al planeta más de 1.000 gigatoneladas de CO2 adicionales (mientras que ya ha arrojado 1.900 gigatoneladas desde la era preindustrial), explica José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha y vicepresidente del grupo de trabajo II del IPCC. “Hay poco tiempo para tomar decisiones, y cuanto más se tarde en adoptarlas, los esfuerzos exigibles serán mayores para recuperar el tiempo”, señala este experto.
Moreno, para mantener su neutralidad política como miembro del IPCC, no valora el acuerdo entre EE.UU. y China, pues “lo importante es el montante global de las reducciones de gases y los tiempos en que habrán de realizarse”. No obstante, precisa que ésta es la primera vez que “ambas potencias manifiestan una voluntad de negociación para disminuir sus emisiones”. “Unas reducciones menores por unos países pueden ser compensadas por reducciones mayores por otros países en el marco de la negociación. La efectividad de este acuerdo depende del conjunto de países, pues a la atmósfera no le importa quien emite el CO2 sino cuánto se emite”, concluye. La brecha entre las metas y las promesas es aún enorme. Por eso, para tener probabilidades de que no se den estos dos grados de aumento, las emisiones mundiales deben reducirse entre un 40 y un 70% para el 2050, lo que significa contener las concentraciones de gases en la atmósfera entre 430 y 480 partes por millón(ppm), según el IPCC. Otro reto será que hacia el fin de siglo haya emisiones netas cero, para que las que produzcan sean compensadas por sistemas (sumideros, bosques...) que permitan capturarlas y neutralizarlas.
Perfilar los contenidos
La cumbre del clima debe perfilar los contenidos fundamentales del futuro acuerdo sobre el cambio climático. Deberá ir anotando las reducciones de gases que proponen los diferentes países, establecer un sistema de contabilidad común de esas contribuciones o acordar sistemas para controlar la información que proporcionan los países. Uno de los asuntos clave será aclarar su naturaleza jurídica, si será un tratado internacional con compromisos jurídicamente vinculantes, como quiere Europa, o tendrá un rango jurídico menor.
Una de las barreras que han frenado el acuerdo ha sido la resistencia de China o EE.UU a que la secretaria del Convenio de Cambio Climático de la ONU fiscalice o audite sus promesas al juzgarlo una injerencia en asuntos internos. Sí que está claro que mientras algunos países se comprometerán con reducciones de gases en términos absolutos y fechas concretas, otras naciones harán meras contribuciones, “que pueden ser de distinto tipo”, dice Susana Magro, directora de la Oficina de Cambio Climático.
Aida Vila, experta en materia de cambio climático de Greenpeace Internacional, pide que el acuerdo establezca calendarios homologables (que se remitan al 2025); que las promesas sean comprobables en plazos más cortos y que éstas, además, sean coherentes con otros anuncios previos (pues EE.UU. y sobre todo China han ido cambiando drásticamente sus propuestas). Además, para cumplir con el objetivo de evitar un aumento de dos grados de temperaturas, Greenpeace exige que hacia el 2050 se reduzcan a cero las emisiones de gases invernadero, para dar paso a n sistema energética basado 100% en energías renovables. También pide que antes de que se firme el acuerdo de París se evalúen y se verifiquen los compromisos que plantean los países. Otro asunto clave será ir dotando El Fonfo Verde para facilitar la adaptación al cambio climatico a los países menos adelantados, pues lo revolectado hasts ahors -9.600 millones de dólares- es inferior a lo necesario.
Una transición hacia París
“La cumbre de Lima es una cumbre de transición en el camino hacia París 2015. Ahora bien, debería servir para dar un buen empujón, para que el proceso tome fuerza y velocidad que asegurara poder llegar con garantías en París. Se trataría de que salga una propuesta clara de lo que debe ser la estructura del futuro acuerdo”, señala Salvador Samitier, director de la Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat. Con lo que salga de Lima, las Naciones Unidas podrán presentar ya lo que sería la propuesta de acuerdo y concretar el estatus jurídico. Además, desde Lima hasta que Naciones Unidas presente ese documento (hacia la primavera del 2015), los estados deberán hacer públicos sus objetivos y propuestas de reducción, por lo que deberá haber también una evaluación de si con el que los diferentes estados proponen alcanza o no el escenario de los 450 ppm.
España y Kioto
El Gobierno español ha elaborado, mientras tanto, una hoja de ruta para cumplir con el compromiso de Kioto para el 2020. En la primera fase de cumplimiento (hasta el 2012, España no logró cumplir las metas exigidas, pues registró un aumento de emisiones de más que el 15% respecto a 1990, por lo que debió comprar derechos de emisión que ha supuesto uncciste total de unos 810 millones de euros.
Para el segundo período de cumplimiento (2020), España debe reducir un 10% sus emisiones del sector difuso (residencial, transporte, agricultura y ganadería, residuos, industria...) respecto al 2005. La evolución de las emisiones en estos ámbitos apunta un fuerte incremento. “Tenemos una brecha de 55 millones de toneladas de CO2 para el 2020, que debe saldar con 43 medidas ya aprobadas”, añade Susana Magro.
Salvador Samitier, director de la Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat, sostiene que estas medidas no han sido consensuadas debidamente con las comunidades autónomas, y agrega que deberían ser transferidos recursos del estado a las comunidades, puesto que la mayor parte de las competencias en esta materia (sector residencial, transportes, gestión de residuos…) corresponden a la administración autonómica. “Se deberían establecer mecanismos par que las comunidades participen. La hoja de ruta del Gobierno no tienen elementos prácticos, es como una mera recopilación de ámbitos en los que se puede actuar”, agrega.
Recursos de las subastas perdidos
Las comunidades autónomas confiaban en tener recursos procedentes de los ingresos que obtiene el Estado mediante las subastas de los derechos de emisión (sistema con el que funcionan la grandes industrias generadores de energía: térmicas, cementeras, siderurgia…), pero el 90% de estos ingresos (que fueron de 350 millones en el 2013) fueron a parar (como dice la ley) a fomentar las renovables en el Ministerio de Industria.
En la práctica, esto no se ha traducido en ningún proyecto conocido, sino que ha servido para enjugar el denominado déficit tarifario (cuestionado pero reconocido por el Gobierno a las compañías eléctricas), “con la excusa de que a este déficit han contribuido la renovables, cuando en todo caso no serían las únicas responsables”, explica Jorge Morales, director de la empreda GeoAtlánter. Para muchos expertos, que el dinero de las subastas (que asignan los derechos de emisión) haya ido a las compañías eléctricas es una gran contradicción. Estos recursos venían a penalizar a unas empresas y un sistema energético que calentaban la atmósfera y podían hacerlo hasta ahora gratis; por eso que los ingresos que obtiene el Estado en España vuelvan a las compañías eléctricas responsables del calentamiento es algo difícil de justificar y contradictorio, dicen estos expertos.
Fuente Original: http://www.lavanguardia.com/ Texto extraído de la pagina http://www.lavanguardia.com/natural/20141201/54420399245/onu-busca-perfilar-tratado-mundial-contra-cambio-climatico.html
