Los objetivos europeos de energías renovables a 2030 aprobados en la última cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada los días 23 y 24 de octubre, han sido decepcionantes para el sector español de renovables, que esperaba que fueran tanto más ambiciosos como vinculantes, con asignación de objetivos específicos para cada uno de los países de la Unión Europea.
De haberlo sido, las renovables tendrían una senda cierta de desarrollo, que permitiría reducir nuestra preocupante dependencia energética con más generación libre de emisiones de carbono, tanto en España como Europa.
El marco climático y energético europeo para el periodo 2020-2030 establece un triple objetivo: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% con respecto a 1990, que el 27% del consumo eléctrico provenga de fuentes de energías renovables y que la eficiencia energética mejore en un 25%.
Con este objetivo, menos ambicioso que el del 30% propuesto por el Parlamento Europeo, y sin que los diferentes países estén obligados a su cumplimiento, Europa pone en serio peligro su liderazgo mundial en materia de renovables, algo que, paradójicamente, parecía ser un objetivo de la recién estrenada Comisión Europea.
Con la decisión de la cumbre se ha esfumado la esperanza de que Europa se convirtiera en el motor que pusiera en marcha de nuevo el sector de las energías renovables en nuestro país. Ya veníamos denunciando que sería un problema que el objetivo de renovables fuese global para la UE -como ha sido- pero no obligatorio para los diferentes países.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostraba, sin embargo, satisfecho con estos objetivos, según declaró una semana después en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados en la que informó de los mismos. En la sesión, el presidente volvió a culpar a las renovables del déficit de tarifa, habló de lo que se han incrementado las primas y omitió, como hacen habitualmente los miembros de su Gobierno, la reducción que generan en los precios de la electricidad y todos sus beneficios económicos y medioambientales.
En un momento de su intervención, el presidente Rajoy, habló de renovables: "La reforma que hemos hecho permite seguir promoviendo las energías renovables... Yo creo firmemente que las energías renovables deben estar en el mix energético español porque reducen nuestra dependencia energética, mejoran el saldo de la balanza comercial y ayudan al cumplimiento de los objetivos ambientales de reducción de emisiones". ¿Qué agente del sector de las renovables no suscribiría estas palabras?
No obstante, y como de costumbre en lo que a renovables se refiere, el Gobierno dice una cosa y hace la contraria. Se habla de promover las renovables cuando la reforma que ha llevado a cabo ha tenido como consecuencia que en lo que va de año sólo se hayan instalado en España 40 MW renovables, según datos de la CNMC. ¿Piensa el Gobierno reducir de esta manera nuestra dependencia energética, mejorar nuestra balanza comercial y cumplir nuestros objetivos medioambientales?
Unos objetivos obligatorios que para 2020 preveían alcanzar un 20% en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de cuota de renovables y que, como denuncia en su último informe la Agencia Europea de Medio Ambiente, España no cumplirá. Si para 2030 los objetivos marcados no son vinculantes por países, ya nos contará el Gobierno cómo piensa contribuir para que Europa alcance el acordado 27 por ciento en materia de renovables.
En paralelo a los tímidos objetivos marcados por la Unión Europea, la reforma energética del Gobierno español ha paralizado cualquier nuevo desarrollo en el sector de las renovables y amenaza con desmantelar toda la industria asociada a él en nuestro país. Renunciamos pues, a un sector en el que nuestro país ostentaba una posición de liderazgo gracias al esfuerzo tanto público como privado y que jugará un importante papel en el desarrollo de la economía mundial.
Los cambios normativos incluidos en la reforma, que con carácter retroactivo han cambiado la retribución sobre la que se pusieron en marcha los proyectos, han provocado que ya sean más de 300 recursos contencioso-administrativos los admitidos a trámite por el Tribunal Supremo contra la regulación de las renovables del Gobierno y que España esté a la cabeza de los países desarrollados con más litigios internacionales.
España, con esta reforma, ha pasado de ser el modelo a imitar a convertirse en el ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de renovables. Esperemos que esta etapa dé paso lo antes posible a otra en la que Europa y España apuesten decididamente por las renovables y se atisbe algo de luz en el futuro de un sector que ha venido representando el 1 por ciento de la economía española.
José Miguel Villarig es presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).
