Los Gobiernos españoles deberían marcarse seriamente una estrategia de eficiencia energética y ambiental tanto en las viviendas de promoción pública como en las privadas.
La falta de conocimiento y experiencia por parte de los Gobiernos españoles en materia de política energética, así como las todavía escasas actuaciones de viviendas realizadas según criterios de eficiencia energética y adecuación ambiental desde una concepción más amplia, reflejan que nos encontramos ante un "desaire" muy generalizado de los políticas de vivienda eficientes hacia las Directivas Comunitarias y las Conclusiones de Cumbres y Foros Internacionales en esta materia.
Por otra parte debemos reconocer a nuestro alrededor diversas circunstancias que poco favorecen, o impiden en ocasiones, adentrarse por este camino. En definitiva retratan lo que podemos denominar una "situación viciada":
- los planeamientos urbanísticos no contemplan criterios ambientales significativos. Los trazados, más o menos afortunados, responden solamente a un reparto de aprovechamientos y ubicaciones jerarquizadas por niveles de rentabilidad y accesibilidad.
- el soporte construído a nuestro alrededor, incluso el más reciente, responde a una normativa técnica obsoleta, con alguna excepción en algunas pocas comunidades autónomas que han avanzado significativamente. La NBE-CT-79 (Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas del año 1979), cuya objetivo fundamental perseguía aislar térmicamente los edificios, respondía a una coyuntura energética y económica muy determinada de los años 70.
Aún así, reconozcamos que nuestra realidad construída, en su gran mayoría, no resistiría las termografías de una Certificación Energética que sólo persiguiera el cumplimiento estricto de la Norma Básica: pensemos en los puentes térmicos entre estructura y cerramiento, o en el tradicional capialzado de persiana enrollable, sin ir más lejos.
Los sobrecostes, en gran parte inevitables, aunque sólo se refieran a un sobre-esfuerzo técnico y de gestión (sin entrar siquiera en los aspectos económicos), hacen poco atractivos los criterios ambientales a la promoción privada; ésta, caracterizada por su conservadurismo tecnológico y una visión económica a corto plazo, no encuentra aún rentable asumir ningún sobrecoste que no pueda incrementar un precio de venta, ya inflado al límite, y que sólo beneficiará la factura energética del usuario.
Este último tampoco busca un producto inmobiliario diferenciado, conformándose en su mayor parte con lograr acceder, si puede, a una compra sobre plano; o a una opción de compra con sorteo sobre nuevas áreas en desarrollo, que ni tan siquiera tienen su Proyecto de Compensación aprobado. Acostrumbrados a productos inmobiliarios ajenos al clima, por no decir incluso contrarios a él (imaginemos un mirador acristalado a poniente, en Madrid, durante Agosto, sin persiana exterior) la capacidad de intervención del ususario se limita prácticamente a regular un termostato ambiente o encender el aire acondicionado en verano.
Por último podríamos referirnos a la mala prensa de experiencias anteriores: instalaciones de paneles solares en cubiertas que producen goteras, debido a perforaciones en la impermeabilización. Instalaciones mal ejecutadas y/o con mal mantenimiento (corrosión entre metales incompatibles, escaso rendimiento por suciedad, etc); o aversión generalizada a los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) centralizados, mucho más eficientes, por los criterios de prorrateo en la facturación, poco justos y equívocos...
